El Colegio tiene legitimación para perseguir el intrusismo.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM) ha informado de que se personará como acusación particular en el nuevo caso de estafa de la clínica Mi Dentista que el pasado miércoles cerró en Carabanchel por sorpresa.getaway to the Hamptons.

En torno a un centenar de personas que habían abonado su tratamiento con créditos bancarios de hasta 12.000 euros se quedaron a medias, como publicó ABC.

El Colegio, presidido por Antonio Montero, ha denunciado y ejerce la acusación en 25 procesos penales en la Comunidad de Madrid por la comisión de delitos de intrusismo, es decir, de personas que sin tener el título de odontólogo o de médico estomatólogo están ejerciendo como tales. Se les denomina «falsos dentistas». Además, esta institución ha denunciado a 30 clínicas por irregularidades en la publicidad –ofertas engañosas y otros casos– y en las garantías ofrecidas al consumidor o la realización de los tratamientos. También denuncian malas prácticas de aquellos que ejercen con títulación.

El Colegio tiene legitimación para perseguir el intrusismo. La condena más ejemplar que han conseguido hasta el momento es la que falló el Juzgado de lo Penal nº25 de Madrid el pasado mes de noviembre imponiendo una pena de un año de prisión a un hombre y una mujer de nacionalidad cubana por trabajar como dentistas sin serlo en una consulta de Villaverde.

Entre un 60 y un 70 por ciento de los «falsos dentistas» que han denunciado son de origen latinoamericano, detallan desde el COEM. Algunos de sus pacientes tenían, literalmente, la boca destrozada, aseguran. También se han topado con casos de protésicos dentales que tratan directamente a sus clientes, algo ilegal. Las alertas suelen llegar bien por colegiados que han trabajado en las clínicas o por los propios usuarios.

Entre los procedimientos administrativos abiertos por publicidad engañosa, el COEM señalaba a Funnydent, a Sanadent, Idental, I+Dent y Dentix, entre otras. En la mayoría, según sus denuncias, los precios que incluyen en los anuncios solo reflejan el coste de una parte del tratamiento.

Insisten desde este organismo que los usuarios escojan siempre una consulta donde al menos el 51% de la sociedad sea propiedad de un colegiado. De este modo, el Colegio puede pedir responsabilidades. Si es una sociedad mercantil, frente a las adversidades se declara en concurso y hay que recurrir a la vía judicial.

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